Rechazada la petición del expresidente Zuma de que se suspenda su arresto
RPRESS Johannesburgo, 9 julio 2021 (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica rechazó hoy la petición del expresidente sudafricano Jacob Zuma para que se suspenda la orden de arresto que pesaba sobre él desde la semana pasada, cuando el Tribunal Constitucional le condenó a quince meses de cárcel por desacato al haberse negado a declarar por corrupción.
Zuma, que el pasado miércoles por la noche se entregó «in extremis» a la Policía para ingresar en prisión, solicitó el martes al Tribunal Superior de Pietermaritzburg, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal, que pusiera en suspenso la ejecución de la detención.
El expresidente hizo la solicitud en vista de que el propio Tribunal Constitucional -máxima instancia judicial del país- ha accedido a conceder una audiencia el próximo lunes para escuchar sus argumentos contra su sentencia.
Sin embargo, el juez Bhekisisa Jerome Mnguni hizo este viernes una escueta declaración en la corte de Pietermaritzburg para anunciar que la petición de Zuma fue «desestimada» y que tendrá que pagar las costas, si bien no explicó los motivos.
La decisión se comunicó después de que el expresidente cumpliera este jueves la primera jornada de los quince meses de prisión a los que fue condenado por negarse a declarar por corrupción, en una sentencia histórica para la democracia del país.
Zuma, recluido en la prisión de Estcourt, en KwaZulu-Natal, se ha convertido en el primer expresidente sudafricano de la era democrática en ser encarcelado desde el fin del sistema segregacionista del «apartheid» (1994).
Zuma, de 79 años, fue condenado el pasado 29 de junio por el Tribunal Constitucional a quince meses de prisión por negarse repetidamente a acatar las órdenes judiciales que le obligaban a testificar en una investigación sobre la extensa corrupción ocurrida presuntamente durante su presidencia (2009-2018).
El polémico exgobernante considera que esa investigación -un caso conocido en Sudáfrica como la «Captura del Estado»- y el juez que la lidera (Raymond Zondo) buscan destruir su legado.
Por eso, Zuma -forzado a dimitir en febrero de 2018 por su propio partido en medio de numerosos escándalos- ignoró las citaciones incluso después de que el Constitucional especificara que eran obligatorias.
Esa actitud activó un proceso por «desacato», en el que el exmandatario también se negó a participar.
Lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad de los jueces.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, el exgobernante tenía hasta el 4 de julio para entregarse voluntariamente, pero dos días antes sus abogados tramitaron peticiones de urgencia para intentar bloquear su entrada en prisión.
Según dijo el domingo pasado el exmandatario, en un cambio de postura, la cárcel sería para él una «sentencia de muerte», dada su avanzada edad, su salud y la pandemia de covid-19 (enfermedad para la que no se inmunizó pese a tener acceso a la vacunación).
En paralelo a este proceso, Zuma también está en juicio acusado de corrupción y otros cargos por supuestamente haber recibido sobornos en relación a un acuerdo armamentístico millonario firmado para Sudáfrica con una empresa francesa a finales de la década de los años 90.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.