HRW denuncia desapariciones y arrestos de tigriños en la capital de Etiopía
RPRESS Adís Abeba, 18 agosto 2021 (EFE).- La organización Humanitaria Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que, desde finales de junio, las autoridades etíopes «detuvieron arbitrariamente» e hicieron desaparecer, además de otros abusos étnicos, a ciudadanos procedentes de Tigray en la capital del país, Adís Abeba.
«Las autoridades deben inmediatamente dar cuenta de los tigriños desaparecidos forzosamente, liberar a los retenidos sin pruebas creíbles de delitos y poner fin a todo trato discriminatorio», reclamó HRW en un comunicado publicado este miércoles.
De acuerdo con HRW, las violaciones de derechos contra los tigriños residentes en Adís Abeba por parte de las fuerzas de seguridad etíopes empezaron a crecer a partir del 28 de junio, fecha en la que -tras un alto el fuego unilateral declarado por el Gobierno federal- las fuerzas rebeldes de Tigray recapturaron Mekele, la capital de esta región norteña, en conflicto desde noviembre pasado.
Desde entonces, los combatientes tigriños no solo fueron recuperando el terreno perdido en los meses precedentes, sino que su conflicto contra el Gobierno central se ha ido expandiendo a las vecinas regiones etíopes de Afar y Amhara.
«El Gobierno debe poner fin inmediatamente a su (estrategia de) identificación étnica, que ha lanzado sospechas injustificadas sobre los tigriños», señala en el texto Laetitia Bader, directora para el Cuerno de África de HRW.
La denuncia de esta organización internacional se apoya en entrevistas a detenidos tigriños y a familiares, a comerciantes también de ese mismo origen, a testigos de abusos y abogados; además de en documentos policiales y fotografías, entre otras pruebas.
HRW ya venía estudiando esta clase de abusos desde el inicio del conflicto, pero en las últimas semanas, según la organización, creció especialmente el uso de la etnia como razón suficiente para llevar a cabo detenciones en calles, cafeterías y otros espacios públicos o incluso para cerrar negocios.
Los arrestados muchas veces son trasladados en secreto y su detención y localización ni siquiera es confirmada a familiares, lo que los deja expuestos a posibles torturas y sin acceso a abogados.
EL CONFLICTO DE TIGRAY
La guerra entre el Gobierno central y Tigray comenzó el pasado 4 de noviembre, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, lanzó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT) -que gobernaba la región hasta entonces- tras una escalada de las tensiones políticas durante los meses anteriores y en represalia por un ataque contra una base militar federal.
Aunque tras un «alto el fuego unilateral humanitario» anunciado el pasado 28 de junio el Ejército se retiró de varias ciudades -incluida Mekele-, las fuerzas de la región vecina de Amhara, que habían anexionado de facto durante el conflicto el oeste de Tigray -sobre el que reclaman su derecho histórico-, permanecieron sin moverse.
Desde entonces, el conflicto se ha expandido a las vecinas Afar (este) y Amhara (oeste y sur).
En esta segunda región, las fuerzas tigriñas tomaron el control a principios de agosto -sin violencia, por la ausencia de tropas federales- de la histórica Lalibela, ciudad que alberga las famosas iglesias talladas en la roca declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Desde el inicio de la guerra, miles de personas han muerto, cerca de dos millones se han visto desplazadas internamente en la región y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales.
Además, la ONU alertó a principios de julio de que ya hay unas 400.000 personas en condiciones de hambruna en Tigray y 1,8 millones al borde de ella.
Pese a ello, la distribución de ayuda humanitaria es muy complicada y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima, por ejemplo, que durante junio y julio solo fue capaz de llegar a la mitad de la población que precisaba de su asistencia (que según esta agencia de la ONU son 2,1 millones).