La primera ministra tunecina revela su nuevo Gobierno, el décimo desde 2011
RPRESS Túnez, 11 octubre 2021 (EFE).- La primera ministra tunecina, Najla Bouden, reveló hoy su Gobierno- el décimo en la última década- que cuenta con 25 carteras, diez dirigidas por mujeres, y que deberá sacar al país de la crisis constitucional que arrastra desde que el 15 de julio el presidente de la República, Kais Said, decretó el Estado de excepción y asumió plenos poderes para «salvar la paz social».
El nuevo equipo, formado en su mayoría por profesores universitarios y funcionarios sin pertenencia política, hará de la lucha contra la corrupción su caballo de batalla y tendrá por objetivo «recobrar la confianza del ciudadano en el Estado y la de los estados extranjeros en nuestro país» declaró Bouden en su primer discurso oficial durante la ceremonia de toma de posesión.
Entre las figuras más destacadas se encuentran el ministro de Economía, Samir Said, banquero de larga trayectoria, y el ministro de Defensa, Imed Memmich, experto en la lucha contra la corrupción en diferentes organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas.
La Cancillería continuará bajo la dirección de Othman Jerandi y mantendrá a tres personalidades políticas colocadas durante los últimos meses por el mandatario, como el coronel mayor Ali Mrabet, sexto titular de Sanidad desde el inicio de la crisis sanitaria.
Recupera también a dos responsables cesados por su antecesor: Leila Jaffel, antigua ministra de Asuntos Territoriales que dirigirá a partir de ahora Justicia, y Taoufik Charfeddine, que retoma su antiguo puesto en Interior.
El recién nombrado Ejecutivo deberá hacer frente a una delicada situación financiera que, según alertó el Banco Central Tunecino la pasada semana, podría poner en peligro las finanzas públicas para cubrir los presupuestos del Estado de este 2021.
GOBIERNO SIN PRERROGATIVAS
Tras su nombramiento a finales de septiembre, esta alta funcionaria del ministerio de Educación Superior y desconocida de la escena política, se convirtió a sus 63 años en la primera mujer en dirigir un gobierno en la historia del país.
Su administración dispondrá de prerrogativas muy limitadas tras la iniciativa del presidente, que el pasado 22 de septiembre ordenó la suspensión de la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se hizo con los poderes ejecutivos y legislativos que ejerce a través de decretos ley.
«Vamos a pasar de la desesperación a la esperanza y del fatalismo al trabajo duro», prometió este lunes el jefe del Estado en un extenso alegato en el que anunció un inminente diálogo nacional que incluirá a jóvenes de todo el país con el fin de debatir sobre el sistema político.
Con respecto a una posible reapertura del Parlamento- elegido a finales de 2019 y suspendido desde julio de manera indefinida- Said exhibió varias fotografías del hemiciclo con imágenes de altercados entre los diputados y que representaban, insistió, un «peligro inminente» para el Estado que le obligó a decretar medidas «excepcionales».
Dichas medidas, anunciadas el 15 de julio, incluyeron el cese del primer Ministro, Hichem Mechichi, en el cargo desde hacía apenas diez meses; la suspensión de la Asamblea y la retirada de la inmunidad parlamentaria a sus 217 miembros.
Desde entonces, la mayoría de partidos políticos, la sociedad civil así como la comunidad internacional exigía el nombramiento de un jefe de Gobierno y la elaboración de una hoja de ruta acompañada de un calendario específico para salir de la crisis.
El anuncio del Gobierno se produce apenas un días después de una multitudinaria manifestación popular que reunió a varios miles de personas en la capital para protestar contra lo que consideran un «golpe de Estado» que pone en peligro la transición democrática.
Mientras la mayoría de partidos rechazan la iniciativa de Said, otras formaciones consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las décadas de Zine El Abidine Ben Ali.
Durante los últimos dos meses, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados, lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos.