Eurodiputados interpelados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf

RPRESS  Rabat. 18 mayo 2022.- «Esta situación nos preocupa como diputados marroquíes, ya que una buena parte de la población secuestrada en los campamentos de Tinduf son saharauis marroquíes», subrayó Lahcen Haddad, copresidente de la comisión parlamentaria mixta Marruecos-UE, en una carta abierta dirigida a los eurodiputados.

Señaló que Argelia considera a los saharauis marroquíes (así como a otros de la región del Sahel) que se encuentran en su suelo como «refugiados», mientras que Marruecos los considera «poblaciones secuestradas» retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tinduf.

Aunque los considera «refugiados», Argelia no les aplica la Convención de Ginebra de 1951 ni su Protocolo de 1967. Además de estar «almacenados», se controla su libre circulación y no se les permite viajar a terceros países, ni ejercer ninguna actividad lucrativa, subrayó Haddad, quien condenó este «almacenamiento» que es contrario al espíritu y la letra del derecho internacional sobre los refugiados.

A pesar de los llamamientos regulares del Consejo de Seguridad de la ONU y del ACNUR para que Argelia contabilice y registre a los «refugiados» saharauis, tal y como estipula el Derecho internacional, la identidad y el número de estos supuestos refugiados siguen siendo un misterio, señaló.

En su nota del 28 de septiembre de 2018, el ACNUR confirmó que la cifra oficial de planificación de los «refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf en Argelia» es de «90.000», una cifra que se ha complementado desde 2006 con 35.000 raciones adicionales», recordó Haddad, y añadió que el ACNUR, sin embargo, seguirá confiando en estas cifras hasta que se realice un ejercicio de registro completo.

Las 35.000 raciones adicionales se añadieron para hacer frente al impacto de las inundaciones en los más vulnerables y se mantuvieron para catástrofes naturales como inundaciones o sequías graves.
«Argelia y el Polisario afirman que hay más refugiados viviendo en los campos y recibiendo ayuda humanitaria a la luz de estas estimaciones, muy probablemente exageradas. Pero se niegan continuamente a contar y registrar a los ‘refugiados’ a pesar de los constantes llamamientos del ACNUR y del Consejo de Seguridad de la ONU», dijo Haddad, y añadió que pruebas concretas muestran que parte de la ayuda humanitaria está siendo vendida por los responsables del ‘polisario’ en el mercado negro del sur de Argelia y la región del Sahel.

Recordó, en este sentido, que la Oficina Antifraude de la Unión Europea descubrió en 2015 que la ayuda humanitaria de la UE, que ascendió a 105 millones de euros a lo largo de los años, fue desviada regularmente por el «polisario» para actividades como la compra de armas. Esta misma cuestión fue objeto de una propuesta de resolución presentada por los parlamentarios europeos el 24 de julio de 2020.

Por otro lado, continuó, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó, con motivo del cuarto informe periódico de Argelia el 20 de julio de 2018, su profunda preocupación por el hecho de que «la transmisión de facto de la autoridad» sobre los campamentos de Tinduf por Argelia «al Frente Polisario, en particular la autoridad jurisdiccional, es incompatible con la obligación de Argelia de respetar y garantizar todos los derechos establecidos en el Pacto para todas las personas en su territorio. También le preocupan los informes según los cuales «las víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto en los campos de Tinduf no tienen acceso a un recurso efectivo ante los tribunales del Estado Parte, es decir, Argelia».

Por ello, Haddad instó a todos los eurodiputados a tomar las medidas necesarias para instar a Argelia a poner fin a esta situación ilegal y hacer que asuma su plena responsabilidad en la gestión de los campamentos y la libre circulación de la población y el libre acceso a la justicia argelina.
También pidió a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la utilización ilegal de niños soldados por parte del «polisario», entidad que gestiona la ayuda humanitaria de la UE que recibe el Gobierno argelino.