El Gobierno ecuatoguineano rechaza la condena de Francia a «Teodorín» Obiang

Guinea Ecuatorial defiende que esta mansión es un "inmueble propiedad del Estado ecuatoguineano" que alberga a su embajada en Francia desde el año de su adquisición, argumento que la Justicia francesa desestima al considerarlo propiedad privada sin actividad diplomática.

| El Vicepresidente de Defensa y Seguridad de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, "Teodorín" (C), asiste a un funeral masivo por 105 víctimas de una explosión en Bata, Guinea Ecuatorial, el 12 de marzo de 2021, muertas en la explosión en una base militar. EFE/EPA/JOSE LUIS ABECARA AGUESOMO

RPRESS Dakar, 29 julio 2021 (EFE).- El Gobierno de Guinea Ecuatorial rechazó «categóricamente» este jueves la sentencia dictada por la Justicia francesa ayer contra el vicepresidente ecuatoguineano, «Teodorín» Obiang, y que confirma la condena por blanqueo de una fortuna de 150 millones de euros en el país.

En un comunicado, la Oficina de Información y Comunicación Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ecuatoguineano calificó de «arbitrarias y discriminatorias» las acusaciones de la Justicia francesa y consideró que los órganos jurisdiccionales de Francia «no son competentes para juzgar los supuestos hechos ocurridos en la República de Guinea Ecuatorial, ni mucho menos, competentes para juzgar al vicepresidente».

Para el Ejecutivo del país africano, la Justicia francesa viola los principios de «igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de los estados» y utilizará los instrumentos del Derecho Internacional para defenderse «por entender que se está violando un derecho fundamental, el derecho a un juicio justo».

Asimismo, señaló que si como consecuencia de la sentencia se confisca y se pone en venta el palacete de 3.000 metros situado en una exclusiva avenida de París, adquirido por «Teodorín» en 2011, el Gobierno del país africano «se reserva la reciprocidad de tales hechos».

Guinea Ecuatorial defiende que esta mansión es un «inmueble propiedad del Estado ecuatoguineano» que alberga a su embajada en Francia desde el año de su adquisición, argumento que la Justicia francesa desestima al considerarlo propiedad privada sin actividad diplomática.

«La República de Guinea Ecuatorial, siempre con el estricto respeto al Derecho Internacional, hace un llamamiento a la Comunidad Internacional para concertar acciones ante la gravedad de las actuaciones de los tribunales franceses», concluyó el comunicado al instar al Gobierno francés a encontrar «una solución urgente a este tipo de hechos».

Con la confirmación de la sentencia el pasado miércoles, la Justicia gala convirtió en definitiva la pena de tres años de cárcel exentos de cumplimiento, 30 millones de euros de multa y, sobre todo, la confiscación de los bienes amasados en Francia entre 1997 y 2011 por el hijo de presidente desde 1979, Teodoro Obiang, y designado como su «delfín».

El hijo del mandatario más longevo de África ha sido el primero en sufrir las consecuencias judiciales de la acción iniciada por dos ONG, Sherpa y Transparencia Internacional, que tienen en su punto de mira dos decenas de casos de otros dictadores del continente acostumbrados a un elevado tren de vida en Francia.

«Teodorín» fue condenado en primera instancia en 2017 y la pena confirmada este miércoles fue dictada en febrero de 2020 en Apelación.

La máxima instancia judicial derribó, uno por uno, los argumentos del recurso, desde la pretendida incompetencia de la Justicia gala en el caso, la supuesta inmunidad diplomática de «Teodorín» o la ausencia de pruebas sobre el origen ilícito del dinero.

La sentencia recuerda que la Justicia gala tiene toda la legitimidad para juzgar delitos cometidos en su suelo y que el hoy vicepresidente de Guinea Ecuatorial era solo ministro de Agricultura y Bosques en la época de los hechos, lo que le sitúa fuera del manto de inmunidad del que disfrutan jefes de Estado o de Gobierno.

También establece que la cuenta bancaria personal del hijo de Obiang recibió entre 2004 y 2011 ingentes cantidades procedentes del Tesoro Público ecuatoguineano, que sirvieron para la adquisición del palacete, lo que justifica el delito de desvío de fondos públicos.