Draghi, criticado por su «satisfacción» con el trato de Libia a los inmigrantes

Un adolescente muere y dos sufren heridas en un centro de reclusión superpoblado, en un tiroteo que se atribuye al hacinamiento.

| Mario Draghi, presidente de la República Italiana.

RPRESS 12 abril 2021.- «Satisfacción». Esa es la reacción que le genera al primer ministro italiano, Mario Draghi, la política migratoria libia, que alabó durante su visita el pasado martes a Trípoli, donde se reunió con Abdul Hamid Dabaibá, líder del nuevo Gobierno de unidad nacional que tiene que llevar las riendas del país norteafricano hasta la celebración de elecciones el 24 de diciembre. En su primer viaje internacional, Draghi pasó de puntillas por el asunto más espinoso en las relaciones entre Italia y Libia y solo mencionó los «salvamentos» que hace la Guardia Costera libia, equipada y entrenada con fondos europeos. No dijo ni una palabra de los centros de detención para inmigrantes, donde se producen «horrendos abusos» que la ONU lleva años denunciando, ni tampoco de cómo el tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio para las milicias armadas que controlan parte del territorio libio.

En el encuentro con Dabaibá pesaron mucho más los millonarios contratos que las empresas italianas esperan obtener en la reconstrucción que promete el nuevo Gobierno de Trípoli.

«Un salvamento en el mar concluye solo cuando se llega a un puerto seguro. Si a los migrantes y refugiados se les devuelve a Libia se trata de una condena a la violencia y a la brutalidad en los centros de detención. Hay poco de lo que estar satisfecho», lamentó Médicos Sin Fronteras (MSF). No es la única organización humanitaria que criticó a Draghi por sus palabras en Trípoli. «Lo que define como ‘salvamentos’ no son tal: se trata de recuperar por la fuerza a personas que acaban en centros donde sufren torturas, abusos y violencias», advirtió por su parte la ONG Emergency. La ONU informó recientemente de que hay cerca de 4.000 personas encerradas en los centros de detención para extranjeros, donde sufren unas «condiciones extremas» y tienen dificultades para el acceso a la ayuda humanitaria. Eso ocurre en las cárceles oficiales, pero se teme que la situación sea todavía más dura en los centros irregulares, donde no se sabe cuántas personas hay internadas, pues no se permite el acceso a los funcionarios de Naciones Unidas ni a los miembros de las ONG.

Situación insegura

«La situación en Libia es extremadamente insegura para los inmigrantes. Tienen riesgo de arresto arbitrario y en los centros de detención sus condiciones de vida no son dignas. Hay superpoblación, el acceso al agua y la comida no está asegurado y la violencia se utiliza como forma de gestión habitual», advierte Bianca Benvenuti, responsable de asuntos humanitarios de MSF en Libia, donde visita habitualmente las cárceles oficiales en las que se recluye a los extranjeros que tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. «En los centros no oficiales la situación es aún peor. Se sabe que se utiliza la tortura y la extorsión para ganar dinero con la inmigración», denuncia.

Para Benvenuti la «satisfacción» mostrada por Draghi ante la gestión de los migrantes en Libia refleja que la política italiana y europea está «cada vez más ciega» ante las condiciones de vida de estas personas. «Los que son devueltos a Libia tras embarcarse hacia Europa se ven de nuevo expuestos a un ciclo de abusos sistemáticos. Muchos acaban en los centros de detención y otros desaparecen. No se sabe qué pasa con ellos. Probablemente vuelven a caer en las redes de traficantes». La postura italiana y europea, insiste la miembro de MSF, «confirma la criminalización de los movimientos migratorios».

Se calcula que hay unas 16.000 personas que, entre 2020 y los primeros meses de 2021, fueron interceptadas por la Guardia Costera libia y devueltas al país norteafricano cuando trataban de cruzar el Canal de Sicilia. Durante su polémica intervención en Trípoli alabando la gestión de la inmigración por parte de las autoridades libias, Draghi recordó el apoyo brindado por Italia para que desempeñen esa tarea. Ambos países firmaron hace cuatro años un acuerdo para contener esos flujos que ha costado a Roma y a Bruselas unos 785 millones de euros. Una serie de ONG, entre ellas las dos ya citadas, exigieron el pasado mes de febrero al Parlamento italiano que revocara el pacto, aduciendo que no ha conseguido poner fin a las muertes en el Mediterráneo y que propicia continuas violaciones de los derechos humanos.