Brahim Ghali: una oportunidad histórica para la independencia de la justicia española.

La justicia española debe acudir al rescate del descredito internacional de España ocasionado por el grave error político cometido por el Gobierno PSOE-UP, y demostrar la independencia y la separación de poderes.

| Tribunal Supremo de Justicia Española

RPRESS  25 abril 2021.- El actual Gobierno de España esta llevando a un callejón sin salida al actual Estado español, cada vez más desacreditado a nivel internacional. La duda que tengo es que, si esa deriva al caos es por incompetencia política, o provocada por las presiones del totalitarismo de sus socios de Unidas Podemos, en el intento de llevar a España al terreno totalitario de la mano de Argelia o Venezuela.

Un estado moderno, que pretende ser democrático no puede, bajo ninguno de los aspectos, cometer un acto de tanta vergüenza internacional, como es aceptar en su territorio a un presunto terrorista buscado por la Audiencia Nacional, bajo el engaño de una identidad falsa. Intolerable. No se puede aceptar tal comportamiento, más con un presunto genocida como Brahim Ghali, investigado por violar a dos ciudadanas españolas en los campamentos de Tinduf al sur de Argelia, la masacre con los pescadores canarios a mediados de los años 70, presunto inductor de las amenazas de muerte que recibo, y un largo rosario de denuncias por incumplir con los más básicos derechos humano en los campamentos.

Más intolerable aún, que la propia Ministra de Exteriores del Reino de España, Arancha González Laya, expresara que España es «un país responsable con sus obligaciones humanitarias» y que la acogida de Ghali en un hospital en una ciudad que no se ha precisado oficialmente responde sólo a una cuestión «estrictamente médica». Una excusa falta de todo sentido ya que de ser cierta dicha afirmación ¿qué necesidad había de aceptarlo en España con identidad falsa? Un hecho este que deja sin sentido alguno, ninguna acción humanitaria por ningún gobierno. Todo huele a escusa de mentira desenmascarada por la verdad.

Un País serio puede acoger a quién desee por “motivos humanitarios” pero siempre con la verdad por delante y de forma pública, pero nunca intentando ocultar la información al pueblo español, ni a la comunidad internacional, mucho más, cuando se es consciente de que, el beneficiario de dicha “acción humanitaria” es un presunto genocida. Una grave acción política que, por lo que comienza a parecer, estaba preparada y pactada con Argelia a espaldas del Reino de Marruecos, de las victimas del Frente Polisario, de los españoles, de los medios de comunicación, y lo peor aún, intentando ocultarlo a la Justicia Española.

España presume de ser un país democrático basado en la Constitución del 78 y consagrado por la separación de poderes. El Gobierno ha podido cometer todas las irregularidades y errores políticos que sean, pero la Justicia Española debe, y de ello estoy seguro, al menos quiero estarlo, sabrá demostrar su independencia como poder y actuar conforme al derecho.

Corresponde al poder judicial, una vez enterado de la presencia del Sr. Brahim Ghali en España, actuar en base a las diligencias abiertas en los distintos juzgados, por varias organizaciones internacionales. Debe ser localizado y citado ante los distintos juzgados para que declare ante la justicia por los presuntos graves delitos que se le imputan. Lo que no debería pasar, bajo ningún aspecto, es que el Sr. Brahim Ghali, una vez recuperado, pudiera salir de España sin pasar por los juzgados. Pero esa es la decisión de los jueces, no mía, ni del propio Gobierno.

Del mismo modo, los partidos de oposición, incluso los que dan soporte al Gobierno en el Congreso de los Diputados y el Senado, deben abrir una comisión de investigación urgente que arroje luz y claridad sobre la verdad de lo ocurrido y sus responsables si los hubiese. Ningún país democrático puede permitirse acciones como la que ha permitido el actual Gobierno de España. Es por ello, que creo que es una oportunidad histórica de demostrar la separación de poderes. La libertad de la Justicia, y el control de poder Legislativo sobre el Ejecutivo. En caso contrario, la imagen de España quedará dañada a nivel internacional y, lo más triste de todo, muy dañada las relaciones históricas con un país de la importancia para España como es el Reino de Marruecos.

Pedro I. Altamirano @altamiranoMLG