Abolición de la pena de muerte: el tejido asociativo se apoya en funcionarios electos

Los distintos ponentes, que recordaron las acciones emprendidas para ganar el caso, consideraron que el contexto de las elecciones generales ofrece la oportunidad de iluminar este tema, a raíz de un tema más global que es el del fortalecimiento de los derechos humanos.

| La pena está en contradicción con la constitución de 2011

RPRESS  Rabat, 24 agosto 2021 (MAP) – Las organizaciones marroquíes que hacen campaña por la abolición de la pena de muerte insistieron el martes en la necesidad de movilizar a los parlamentarios y a los funcionarios electos locales en torno a este tema, con miras a abolir definitivamente este problema.

Con motivo de las elecciones del 8 de septiembre, los actores asociativos realizaron un encuentro virtual bajo el lema «Parlamentarios al servicio de las libertades y el derecho a la vida», con el objetivo de sensibilizar a los futuros legisladores sobre «esta batalla de fuerte dimensión a favor de los derechos humanos «y la situación de los presos condenados a muerte.

Los distintos ponentes, que recordaron las acciones emprendidas para ganar el caso, consideraron que el contexto de las elecciones generales ofrece la oportunidad de iluminar este tema, a raíz de un tema más global que es el del fortalecimiento de los derechos humanos.

«La nulidad de la pena de muerte es un compromiso constitucional vinculante para todos los actores en los diferentes ámbitos», se consideró, y agregó que «esta pena está en contradicción con la constitución de 2011».

La cuestión está cada vez más presente en el escenario político y en particular dentro del Parlamento, en particular a través de las preguntas escritas y orales de los miembros de las dos Cámaras, observaron los representantes de las organizaciones involucradas, señalando que la entrada de esta cuestión en el hemiciclo «es el fruto del trabajo metódico realizado por la creación de un conjunto de colectivos».

El interés de los medios por este tema también contribuye a «ampliar el alcance del debate y ayudar a consolidar los esfuerzos encaminados a la protección de los derechos fundamentales, con el derecho a la vida a la cabeza», se enfatizó además.